Marco de Actuación: Leyes, Decretos y Reglamentos
Marco de Actuación
En la Conferencia Mundial de Población efectuada en Bucarest, en agosto de 1974, se aprobó el Plan de Acción Mundial sobre Población: México ya contaba con la Nueva Ley General de Población que a su vez crea el Consejo Nacional de Población, organismo responsable de conducir la planeación demográfica del país y de coordinar las acciones institucionales dirigidas a fincar las bases de un desarrollo sostenible y sustentable; y, de acuerdo con el artículo quinto de la Ley mencionada, tiene a su cargo la planeación demográfica del país. En el Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo de El Cairo 1994–2003, se reconocen las complejas y múltiples relaciones entre población, desarrollo y medio ambiente, y pone énfasis en la necesidad de alcanzar un desarrollo socialmente equitativo, sustentable y solidario con las generaciones venideras. A partir de la creación del COESPO se han llevado a cabo múltiples acuerdos con diferentes instituciones gubernamentales y de sociedad civil, con la finalidad de llevar a cabo la tarea del análisis demográfico y acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. A consecuencia de estos acuerdos el marco de actuación del Consejo se ha ido adecuando a las necesidades actuales.
Leyes, Decretos y Reglamentos
Leyes
Decretos y Reglamentos
El Consejo Estatal de Población del Estado de Sonora se creó el 11 de junio de 1984 mediante decreto firmado por el entonces Gobernador del Estado, Dr. Samuel Ocaña García, en uso de las facultades conferidas en los artículos 79º fracción I de la Constitución Política Local y 5º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Sonora responde a la posibilidad de coordinar y desarrollar las políticas de población definidas como corresponsabilidad entre las dependencias del Ejecutivo Federal y las correspondientes al Gobierno del Estado, por lo que la creación del Consejo Estatal de Población constituye la respuesta que da nuestro estado a los principios contenidos en el acuerdo de coordinación.